El pasado 12 de agosto, durante la segunda reunión de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), celebrada en Panamá y presidida por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, se anunció la incorporación oficial de Colombia como miembro número 19 de la alianza. En ese contexto, Hegseth declaró a los medios que Washington estaba preparado para atacar al ELN y a las disidencias de las FARC en coordinación con Bogotá.
La incorporación de Colombia en el A3C materializa la convergencia entre la nueva arquitectura de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos y la política de choque contra los grupos armados ilegales con la que el recién electo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, llegó al poder.
Uno de los puntos neurálgicos de la política de seguridad del nuevo Gobierno colombiano es precisamente la extensa zona limítrofe con Venezuela. Fuentes de inteligencia citadas por la revista Semana el pasado 22 de agosto señalan que entre las prioridades del Ejecutivo está "tomarse la zona de frontera con Venezuela para cerrarles el cerco a los cabecillas del ELN y a las disidencias de las FARC, que se encuentran en territorio del vecino país".
Durante el último cuarto de siglo, el uso del territorio venezolano —en especial de sus zonas fronterizas— experimentó una profunda transformación para la insurgencia colombiana: de retaguardia estratégica y zona de alivio pasó a convertirse en un espacio de operaciones permanentes, fuente de reclutamiento y plataforma de economías ilícitas. Como advierte la Unidad Investigativa de InSight Crime, la frontera colombo-venezolana se ha consolidado como el "principal bastión estratégico del ELN, clave para su financiamiento, su proyecto político-militar y su supervivencia".
Esta ofensiva regional contra un actor armado fuertemente arraigado en su propio territorio encuentra a Venezuela en una coyuntura especialmente delicada. El país atraviesa una compleja transición tutelada, de desenlace todavía incierto; los primeros intentos de reconstitución de su Fuerza Armada apenas comienzan y persisten serias dudas sobre su apresto operacional.
El escenario plantea una disyuntiva ineludible: ¿estará Venezuela en condiciones de convertirse en el segundo brazo de una tenaza regional contra los grupos armados irregulares en la frontera colombo-venezolana o, por el contrario, continuará funcionando como una zona de repliegue, reacomodo y supervivencia para las redes criminales desplazadas por la ofensiva regional?
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, el Estado colombiano abandonó la "Paz Total" de Gustavo Petro para instaurar una política de confrontación abierta contra el ELN, las disidencias de las FARC y el crimen organizado.
Bautizada como Seguridad 2.0 y ejecutada mediante el Plan Patriota 2.0, esta nueva política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana apunta al desmontaje sistemático de la arquitectura de paz anterior, al despliegue de una ofensiva militar intensiva contra los grupos armados ilegales en Colombia, a la recuperación y el control efectivo por parte del Estado de los territorios ocupados por estas organizaciones criminales, y al ataque sistemático a las economías ilícitas que financian sus actividades.
El Plan Patriota 2.0 se apoya en una estrecha cooperación bilateral con Estados Unidos a los fines de recuperar las capacidades estratégicas de la fuerza pública colombiana en materia de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; protección de infraestructura crítica; interdicción aérea, marítima y fluvial; logística, comunicaciones interoperables, investigación criminal transnacional, y transferencia de conocimiento y tecnología.
La ofensiva de De la Espriella contra los grupos armados ya comenzó a materializarse en el terreno. Entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de agosto se ejecutó la primera incursión aérea —la Operación Beta— contra posiciones del ELN en el Catatumbo (Norte de Santander), zona fronteriza con Venezuela. Posteriormente, el 27 de agosto, se realizó el segundo bombardeo —la Operación Amón—, esta vez contra las disidencias de la FARC en el Guaviare.
En su primer corte de cuentas, a los quince días de mandato, De la Espriella reportó 1.574 capturas, 10 extradiciones y 23.642 kilos de droga incautados. Mientras tanto, los grupos armados han intensificado sus hostilidades contra la Fuerza Pública, incluido el uso de drones cargados con explosivos.
Soldados colombianos patrullando una carretera en Jamundí, que ha sufrido frecuentes ataques de una facción disidente de la antigua guerrilla de las FARC (archivo del 20 de mayo de 2026).Santiago Saldarriaga/AP Photo/picture alliance
Mientras Bogotá y Washington aceleran la ofensiva regional en contra de la guerrilla, crece la incertidumbre sobre el papel que jugará Venezuela en este escenario.
El coronel retirado Antonio Guevara, analista en materia de seguridad y defensa, advierte que, pese a la actual transición tutelada por los Estados Unidos, las fuerzas armadas venezolanas no han experimentado una ruptura doctrinal con su pasado reciente. Los acuerdos político-militares entre sectores del aparato estatal venezolano y la guerrilla colombiana siguen vigentes. "Todavía no se han roto", afirma.
Esta complicidad se remonta a los primeros años del Gobierno de Hugo Chávez y se hizo explícita en 2008, cuando el mandatario sostuvo que "Venezuela limita al oeste, al suroeste, al noroeste... no con el Estado colombiano sino con las fuerzas insurgentes de Colombia". Desde esos primeros años, los comandantes de teatro de operaciones y unidades desplegadas en la zona fronteriza habrían actuado con permisividad frente a estos grupos, lo que facilitó su expansión por el territorio venezolano. "A la fecha, la presencia del ELN y de las disidencias de la FARC se extiende por casi todo el país", señala Guevara.
El epicentro de esta presencia se encuentra en los estados limítrofes y, sobre todo, en el estado Bolívar, donde la explotación del Arco Minero se ha convertido en el corazón financiero de estos grupos irregulares.
El problema, advierte Guevara, es que esta relación es estructural. La institución militar está comprometida con una "fusión cívico-militar" que le impide operar como una fuerza de seguridad convencional y confiable. Para el analista, la Fuerza Armada Nacional necesita cortar cuatro tentáculos: "En primer lugar, sus nexos con la delincuencia común que empoderó el mismo régimen a través de la milicia; en segundo lugar, sus vínculos con la guerrilla...: en tercer lugar, sus conexiones con el terrorismo internacional; y, en cuarto lugar, su alineación con el llamado Poder Popular". Mientras esto no ocurra, "la posibilidad de enfrentamientos militares venezolanos contra la guerrilla es baja", sentencia.
Esta realidad no ha sido modificada por los recientes relevos en la cúpula militar. Guevara los desestima como "naturales y rutinarios" de la época de ascensos, transferencias y retiros. "En su conjunto, estos cambios no tienen ningún tipo de incidencia profunda en relación con los dictámenes políticos que han venido ejecutándose desde que la Revolución es Revolución", afirma.
Tropas del Ejército Bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana, apostadas junto al Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela, el 16 de octubre de 2025.Schneyder Mendoza/AFP
En el terreno táctico, el panorama no es más alentador. Aunque una eventual asistencia de Estados Unidos podría dotar a Venezuela de tecnología o inteligencia para ubicar campamentos y laboratorios, el control real exige tropas sobre el terreno. "Para el control territorial necesariamente hay que descender de los helicópteros y combatir en tierra", explica Guevara, una capacidad que, asegura, "del lado venezolano no existe".
El horizonte de transformación de la institución militar requiere de tiempos largos. En el caso venezolano, Guevara apunta a más de una década, evocando los procesos de Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial.
En este contexto, la guerrilla apuesta a que el tiempo juegue a su favor. Su estrategia, opina Guevara, se basa en esperar el desgaste del Gobierno de De la Espriella —que llegó al poder con un estrecho margen electoral— y en que las elecciones de medio término en Estados Unidos debiliten la estrategia de seguridad regional de Washington. Mientras tanto, todo indica que, por ahora, la frontera venezolana seguirá funcionando como una zona de repliegue, reacomodo y supervivencia para los grupos armados.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
(rr/rml)