Representantes oficiales de los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela han anunciado la firma de un acuerdo que otorga a los EE. UU. el control, aunque no la propiedad, del 20 % de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo, que suman más de 300 000 millones de barriles.
Esto implica que el Gobierno estadounidense se asegura el acceso y el control sobre 65 000 millones de barriles de petróleo y el gas natural asociado, durante un período de al menos 25 años. Un logro notable considerando que las reservas probadas de petróleo en EE. UU. son de 46 000 millones de barriles y sus reservas estratégicas ascienden a 727 millones de barriles.
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La información sobre los detalles del acuerdo aún es muy limitada. Se conoce que el acuerdo compromete el desarrollo y la explotación de 17 campos petroleros que contienen unos 90 000 millones de barriles de las reservas probadas del país. De estos campos, 9 están localizados en la zona norte de la Faja Petrolífera del Orinoco. Se trata de yacimientos de petróleo pesado (entre 10° y 22,3° API) y extrapesado (menos de 10° API) y son campos que, en su mayoría, deben ser desarrollados desde cero (greenfields). Los 8 campos restantes, son campos maduros que contienen crudos medianos (entre 22,3° y 31,1° API) que han sido ya explotados pero que requieren de importantes inversiones para reactivarlos después de décadas de abandono.
Para Venezuela, de poderse implementar y desarrollar el acuerdo, la producción petrolera podría incrementarse en 1,5 millones de barriles por día. A este ritmo de producción, extraer el petróleo y el gas natural involucrado en estos campos podría tomar un lapso de al menos 120 años. No es por casualidad que el presidente Trump ha anunciado que el acuerdo con Venezuela le otorga a EE. UU. el control de las reservas venezolanas por una centuria.
Desarrollar, poner en capacidad de producir y operar estos campos requiere cuantiosas inversiones y financiamiento. Las estimaciones iniciales suponen que se requerirán unos 90 000 millones de dólares en inversiones, financiamiento por unos 10 000 millones y recursos para cubrir los costos de operación por unos 140.000 millones de dólares. Desde luego, ni PDVSA (la empresa estatal petrolera venezolana), ni el gobierno del país ni el sector privado local disponen de estos recursos.
El presidente Trump ha sido enfático al declarar que la concreción de este acuerdo no implicará compromisos financieros para el Gobierno Federal. Todo ello implica que el programa solo será posible con la participación de las empresas petroleras, especialmente las grandes corporaciones internacionales, con preferencia de origen estadounidense.
Lo que ha trascendido es la creación de una empresa conjunta (joint venture) que establece una alianza entre la Office of Strategic Capital (OSC), una dependencia del Pentágono creada para atraer la inversión privada en áreas esenciales para la seguridad de los EE. UU., y un grupo privado local que aún está por definirse. La empresa recibiría concesiones del Gobierno de Venezuela para explotar los campos petroleros ya señalados por un lapso suficiente para garantizar la viabilidad económica de las inversiones. En principio, 25 años (renovables).
Esta empresa estaría en condiciones de firmar contratos de participación productiva (CPP) –figura prevista en la Ley Orgánica de Hidrocarburos que entró en vigencia a partir de enero de 2026–, que permitirían a las empresas petroleras seleccionadas extraer y comercializar los hidrocarburos.
Se estima que estos CPP, dados los parámetros establecidos en el marco legal que regula los aportes fiscales al Gobierno de Venezuela (government take), garantizarían un ingreso fiscal equivalente a 19 dólares por barril producido bajo el acuerdo. Esta estimación supone un precio de referencia de 65 dólares por barril, una tasa de regalía del 16 % y una tasa de impuesto sobre la renta del 34 %. Bajo estos parámetros, se ha calculado que el acuerdo podría representar un ingreso adicional para el Estado venezolano de 209 000 millones de dólares.
Un acuerdo de largo plazo como este, en el contexto político-institucional que prevalece hoy en Venezuela, supone retos legales importantes ya que, en principio, se estarían violando disposiciones constitucionales y jurídicas relevantes asociadas con el ejercicio de la soberanía nacional.
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Además, y no es un detalle menor, la administración actual del gobierno en Venezuela está ejercida por personas que adolecen de legitimidad interna y externa. De aquí que surgen las preguntas: ¿puede el gobierno interino comprometer a largo plazo estas reservas petroleras?, ¿puede garantizarse a las empresas e inversionistas que las decisiones tomadas por un gobierno con un piso político tan endeble serán respetadas por un gobierno futuro, con mayor legitimidad?
Las respuestas a estas preguntas involucran aspectos de máxima relevancia ya que la viabilidad del acuerdo, en cuanto a inversión y financiamiento (privados), requiere de magnitudes considerables de dinero e involucra lapsos de muy largo plazo. Por tanto, la seguridad jurídica pasa a ser una variable determinante en el proceso de toma de decisiones.
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Tampoco hay que olvidar que hay un ciclo político-electoral en marcha en los EE. UU. No es casual que el anuncio de este acuerdo se haga en los meses previos a las decisivas elecciones de medio mandato del próximo noviembre, tomando en cuenta los problemas que están confrontando el presidente Trump y el Partido Republicano para garantizarse la victoria en esos comicios. Mostrar un éxito económico como el que se supone que está implícito en este acuerdo daría a la debilitada administración Trump algunas ventajas que, cabe esperar, mejorarían sus posibilidades electorales.
Para Venezuela volver a un régimen de concesiones, a casi cinco décadas de la nacionalización del petróleo, es un tema controversial, con implicaciones que exceden, por mucho, las consideraciones meramente económicas. La soberanía sobre el uso de los recursos minerales ha sido, a lo largo de la historia del país como república, un asunto de la máxima trascendencia.
Que un acuerdo de esta naturaleza ocurra en momentos de elevada incertidumbre y tensión política no es, con certeza, una buena noticia para muchos.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
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Luis Zambrano-Sequín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.