San Luis Potosí pasó de reportar 7.8 víctimas de tortura en promedio cada mes —de enero a junio— a concentrar 22 casos solo en julio, de acuerdo con las cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En total, acumula 69 víctimas de este delito en el año. En enero, la entidad tuvo siete casos registrados, en febrero ocho, en marzo seis, en abril y mayo nueve y en junio ocho.
En los primeros siete meses del año, México reportó 2 mil 007 víctimas de tortura. Es decir, en julio se sumaron 273 víctimas de tortura a las 1 mil 734 reportadas hasta junio de 2026. Del total de casos, Estado de México y Quintana Roo concentran el 38% a nivel nacional con 530 y 236 casos, respectivamente.
Siguen Puebla con 186 víctimas, Tabasco con 172, Veracruz con 160, Chihuahua con 119, y Oaxaca y Zacatecas con 105 cada entidad. Mientras que Durango, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán se mantienen con ningún caso.
En julio, los estados con el mayor número de víctimas de tortura fueron Estado de México (66), Quintana Roo (49), Tabasco (27), San Luis Potosí (22), Zacatecas (20), Puebla (20), Morelos (17), Oaxaca (15) y Chihuahua (11).
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó en enero de 2026 a recopilar y publicar mensualmente los registros de víctimas del delito de tortura, conteo que realizaba la Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
El Estado de México es la entidad con el mayor número de víctimas de tortura en el país al tener 76 casos en promedio mensual.
En marzo de 2026, un juez vinculó a proceso a tres policías municipales de Naucalpan por abuso de autoridad y tortura en contra de Michelle Cano, una mujer trans de 34 años, quien en julio de 2025 se encontraba en las inmediaciones del Metro Cuatro Caminos cuando ocurrió el delito.
En San Luis Potosí no hay casos de tortura recientes documentados en medios locales; sin embargo, en 2024 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad por presunta tortura cometida en 2022 por elementos de la Guardia Civil Estatal en contra de una mujer embarazada de Matehuala que, según la recomendación, fue detenida irregularmente, torturada y víctima de violencia sexual por dos agentes.
El total de víctimas de tortura registradas en siete meses de 2026 corresponde al 87% de los 2 mil 299 casos contabilizados en los 12 meses del año pasado, de acuerdo con el último reporte que el Renadet publico en agosto.
A partir de enero de 2018, y hasta diciembre de 2025, el Renadet registró 33 mil 101 víctimas de tortura o tratos crueles e inhumanos a nivel nacional. Desde entonces, Estado de México y Quintana Roo están entre los primeros lugares de este delito, junto con Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Colima, Ciudad de México, Chihuahua y Baja California.
Este reporte —con cifras preliminares hasta el 30 de junio de 2026— señala que la mayoría de casos de tortura registrados en expedientes abiertos corresponde a hombres. Es decir, por cada mujer que es víctima, hay siete hombres, principalmente en estados como Veracruz, Estado de México y Chihuahua. En el caso de mujeres, hay más víctimas en entidades como Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
El promedio de edad de las víctimas es entre 18 y 35 años. Y las condiciones más comunes son personas con discapacidad, grupos vulnerables, población indígena y población LGBTTTI+.
De acuerdo con lo estipulado en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el delito de tortura únicamente puede ser cometido por un servidor público.
Por lo tanto, el Renadet enlista como presuntos responsables a funcionarios de la Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública de cada entidad, Policía Municipal, centros penitenciarios, fiscalías estatales, Secretaría de Marina, Instituto Nacional de Migración y FGR.
En su último informe, la organización Documenta reporta que menos del 0.2% de los casos investigados por tortura obtiene una sentencia. Además, señala que hubo menos de 50 sentencias entre 2020 y 2024.