"En el término de la distancia tendrán que ser deportados. ¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana".
Las palabras de Abelardo de la Espriella, pronunciadas durante un consejo de seguridad, fueron el estreno oficial en Colombia de una política que se ha extendido en toda América Latina a medida que los gobiernos de ultraderecha se multiplican en la región: el discurso antinmigración.
"Que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales: primero, los que están cometiendo delitos; segundo, los que no tienen regularizada su situación", proclamó en la ciudad que propone como "capital alterna".
Su retórica reproduce la de otros mandatarios de ultraderecha que establecen relación directa entre migración y criminalidad.
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También atañe de manera particularmente sensible a la que se ha convertido en la comunidad extranjera más grande del país, los 2,8 millones de venezolanos que decidieron establecerse en Colombia en lugar de seguir el camino hacia otros destinos en Suramérica. Es, de hecho, la segunda minoría más numerosa, después de la población afrocolombiana.
"Esta declaración no es un error, no es algo que se le escapó en medio de un consejo de seguridad, frente a las cifras de criminalidad que le estaban presentando", apunta Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
"Durante la campaña, él siempre fue reiterativo en abordar el tema de la irregularidad como ilegalidad, lo cual en Colombia no existe: aquí no hay ilegalidad por estar en condición irregular", aclara.
Ante la preocupación de miembros de esa comunidad, activistas y estudiosos, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, matizó de inmediato y aclaró que "de ninguna manera" las palabras del presidente aludían a los "hermanos venezolanos".
"Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera", dijo en declaraciones a Noticias Caracol.
Lara se refería concretamente a las personas que fueron cobijadas por el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos, mediante el cual fueron regularizados 1.968.180 portadores del llamado PPT (Permiso por Protección Temporal), según datos de Migración Colombia.
Gracias a ese instrumento, puesto en práctica durante el Gobierno del derechista Iván Duque, los venezolanos tuvieron acceso a servicios bancarios, de salud, educación y otros beneficios de seguridad social. A cambio, Colombia consiguió tener plenamente identificada a una gigantesca población en condición de movilidad humana.
"Esta regularización no fue un acto de solidaridad, simplemente era la respuesta más lógica y pragmática frente a una coyuntura que era muy difícil de abordar", señala Rodríguez.
El PPT, sin embargo, solo se mantuvo vigente hasta noviembre de 2023 y durante los cuatro años del Gobierno de Gustavo Petro prácticamente no existió ninguna vía para la regularización para los que seguían llegando o para los que no lograron acogerse al estatuto en su momento.
"La migración venezolana no ha cesado. Venezuela sigue bajo emergencia humanitaria compleja, dictadura, violación múltiple de Derechos Humanos", sostiene Paula Andrea Jiménez, periodista experta en migración y derechos humanos.
Peatones cruzan la frontera desde Venezuela hacia Villa del Rosario, Colombia, el lunes 5 de enero de 2026, dos días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran y destituyeran al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En tiempos recientes, los flujos han estado empujados por los terremotos que azotaron el litoral venezolano y mes y medio después los departamentos del Chocó, el Valle del Cauca, Quindío y Risaralda en Colombia, con grupos pasando a uno y otro lado de la frontera para intentar recomenzar tras haberlo perdido todo.
"Muchos que llegaron de Venezuela se han asentado en la Guajira y Norte de Santander, pero todavía no hay datos oficiales", agrega Jiménez.
Ese paréntesis sin mecanismos de regularización ha dejado a casi 850.000 personas desprovistas de estatus migratorio definido: 527.525 irregulares y 320.369 bajo la categoría de "en proceso de regularización".
"Estamos hablando de una población que, si la reuniéramos en un solo punto de Colombia, sería la sexta ciudad del país, más grande que Cúcuta y Bucaramanga", precisa Rodríguez.
Paula Andrea Jiménez apunta que durante la gestión de Petro se apuntó a la "desvenezolanización" de la migración, "cuando la principal población para Colombia como país receptor y de tránsito ha sido la venezolana".
Jimenez atribuye esta tendencia a la "cercanía ideológica" con el entonces presidente Nicolás Maduro y a la necesidad de recuperar intereses económicos comunes. "Si el Gobierno venezolano no reconocía la migración, el de Petro no iba a ir en contravía", resume.
La Administración de Petro no consiguió diseñar ningún instrumento que sustituyera al estatuto de los tiempos de Duque. El PEP-Tutor, un permiso especial de permanencia creado para otorgar estatus migratorio a los representantes y cuidadores de menores de edad, cubre al 0,11% de los venezolanos regularizados en Colombia, poco más de 3.000 personas.
"Es un documento que además no les sirve para nada: no se los aceptan en el banco, ni en las empresas prestadoras de salud, ni en las cajas de compensación, ni siquiera en el supermercado para inscribirse en programas de puntos", explica Rodríguez.
En el tintero de Petro quedó el Permiso Especial de Contingencia, un mecanismo de regularización migratoria temporal propuesto por la Cancillería en los dos últimos meses de su Gobierno.
Esa población sin estatus, que es más grande que Cúcuta y que Bucaramanga, es la que queda excluida del salvoconducto de "hermanos venezolanos" esbozado por Lara.
Su situación es particularmente compleja, porque, según advierte Paula Andrea Jiménez, en un solo grupo familiar puede haber situaciones migratorias distintas. "Están los que tienen PPT, los que llegaron después o niños con padres que están en condición de irregulares y no pueden acogerse a ningún mecanismo", describe.
"Lo otro es que hay familias enteras que trabajan en la ruralidad y allí las brechas digitales son muy elevadas, o hay también gente que perdió todos sus documentos en el cruce de la frontera y no tuvo posibilidad de obtenerlos mientras estuvo vigente el PPT", agrega Jiménez.
Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, una iniciativa privada venezolana que ayuda a los migrantes, apuntó en declaraciones a la agencia AP que la prioridad para atender a esas personas en estos momentos es buscar un diálogo para visibilizar el vacío ejecutivo de los últimos años.
"No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización", afirma García.
Venezuela y Colombia comparten más de 2.200 kilómetros de frontera que incluye cuatro estados del primer país y siete departamentos del segundo, un frente poco auspicioso en la guerra declarada contra la migración irregular.
"En Estados Unidos se pueden poner muros, en Chile pueden poner zanjas, pero nuestra frontera pasa desde el desierto hasta la selva, pasa por todos los pisos térmicos, en unas condiciones que son complejísimas. Si no hemos podido controlar el Catatumbo, pretender que ahora vamos a dominar la frontera es una dinámica irreal", asegura Ronal Rodríguez.
El experto advierte de que el proyecto de De la Espriella es "imposible en la práctica" y que difícilmente trascienda más allá del "nivel narrativo".
Responsabilizar a los migrantes de la violencia y la inseguridad, a su juicio, "no es justo, porque la población venezolana nos está aportando, y tampoco es real, porque la participación de los venezolanos en la delincuencia es menos del 6%".
Sin embargo, esa realidad puede cambiar para mal si no se encuentran mecanismos de búsqueda activa que concreten la regularización de 193.213 menores de edad que no se han acogido al estatuto, que para ellos sigue vigente.
"Son niños, niñas y adolescentes que al no tener un estatus, no tienen tampoco acceso a la educación. Si no están estudiando, ese sí es un riesgo en materia de seguridad, porque se corre el riesgo de que se los estemos entregando a las organizaciones criminales para que los instrumentalicen, para que los usen porque no se les puede judicializar", señala Rodríguez.