El fin de las conversaciones entre EUA y Canadá para revisar el T-MEC dejó una lección que México no puede darse el lujo de ignorar: Washington negocia recurriendo al formato del policía bueno y el policía malo. El papel de policía bueno lo ha representado Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, un negociador técnico, disciplinado, que en semanas de trabajo con Ottawa construyó un marco que reducía aranceles a acero, aluminio y autos canadienses a niveles que, según reconoció el propio gobierno de Mark Carney, le habrían dado a Canadá el mejor acceso de cualquier socio comercial de Estados Unidos.
El papel de policía malo lo ejercieron, en tándem, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el asesor comercial del presidente Trump, Peter Navarro, a quien me referí en este espacio en mi colaboración anterior. Ambos consideraron ese marco "demasiado generoso" y, en las horas finales, reabrieron el capítulo automotriz para excluir camiones medianos y pesados de la rebaja arancelaria. Detrás de ellos estaba la presión de la industria siderúrgica y del aluminio estadounidenses, que no estaban dispuestas a ceder terreno frente a productos manufacturados como los autos y que, en los hechos, lograron imponer su veto sobre lo ya avanzado por Greer.
Lo relevante no es solo que Estados Unidos tenga divisiones internas, sino que ya demostró estar dispuesto a modificar los términos de un acuerdo prácticamente cerrado en el tramo final del plazo fijado para negociarlo. El propio presidente Trump había anunciado el 18 de agosto que existía "un trato" y pidió tres días para "finalizar los documentos"; en esos tres días, el trato se deshizo.
En ese espacio de tiempo, el de la letra chica, ya sin margen para nuevas rondas, es en el que la posición negociadora de México es mucho más vulnerable que la que tuvo Canadá, que pudo levantarse de la mesa porque llegó a ese momento con un colchón que México no tiene. En su recuento del desencuentro negociador, el primer ministro Carney presumió la posición fiscal más sólida del G7, la segunda tasa de crecimiento más alta del bloque, y anunció sin titubear 25,000 millones de dólares canadienses para sostener a las empresas afectadas "por el tiempo que sea necesario".
A diferencia de Canadá, México negocia bajo un escenario de ocho años de crecimiento mediocre, que para 2026 apenas rozará el 1.3%, un endeudamiento público creciente, y un margen fiscal ya comprometido en más de dos terceras partes con pensiones, programas sociales y el servicio de la deuda. No es una diferencia menor, es la diferencia entre poder decir "no" y no poder darse ese lujo.
A esa fragilidad económica se suma una política. La presidenta Claudia Sheinbaum logró, al menos en apariencia, un respaldo unánime de la 4T para aislar a Rocha Moya en su supuesto intento en solitario de regresar al poder. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas en México pone de manifiesto las tensiones que existen entre los radicales y los moderados dentro de la 4T. Y esa fractura interna llega en el peor momento, justo cuando Washington intensifica sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y los cárteles, una presión que Estados Unidos jamás tuvo, ni necesitó, contra Canadá.
Esa combinación, menor margen fiscal, crecimiento débil, cohesión política puesta a prueba y una vulnerabilidad adicional en materia de seguridad que Washington puede seguir explotando, hace poco creíble que México pueda elegir, llegado el momento, el mismo camino que tomó Carney. Levantarse de la mesa fue una decisión que Canadá pudo costear política y económicamente. Para México, la ausencia de esa alternativa significa que tiene menos fichas para esos últimos momentos y que Lutnick y Navarro tratarán de aprovechar.
Por todo lo anterior, el escenario más probable no es el de una ruptura al estilo canadiense, sino el de un acuerdo que México terminará por aceptar aun si llega con concesiones tardías, revisiones de última hora, o condiciones que no reflejan del todo su verdadero peso como el segundo socio comercial de EUA. El resultado final de la revisión del T-MEC será, con toda probabilidad, subóptimo. Es decir, que quedará por debajo de lo que nuestro país podría haber logrado en un escenario de negociación más equilibrado, y que Washington sabe que puede exigir precisamente porque conoce, mejor que nadie, cuánto le cuesta a México levantarse de esa mesa.